Programa de Abogados Especiales de OJP para el Año Fiscal 2026, Ronda 10

La Oficina de Programas de Justicia (OJP) publicó el aviso de oportunidad de financiamiento para la décima ronda del Programa de Abogados Especiales del año fiscal 2026. La iniciativa permite que las agencias de acusación estatales, locales, tribales y territoriales asignen o contraten fiscales calificados para desempeñarse a tiempo completo o parcial como abogados especiales, bajo la dirección de la División Nacional de Control de Fraudes o de la División Penal. También pueden actuar como fiscales auxiliares especiales de los Estados Unidos (SAUSA, por sus siglas en inglés) dentro de una oficina del fiscal federal.

Los fondos del programa pueden destinarse además a la contratación de investigadores criminales, analistas, contadores forenses y otro personal que colabore en la recopilación o el análisis de información investigativa. Estos fiscales, investigadores y demás personal de apoyo, denominados "designados de forma cruzada", siguen siendo empleados de sus agencias de origen, pero durante el período de designación investigan y procesan casos de fraude y otros delitos cometidos por extranjeros en Estados Unidos. Asimismo, pueden recibir causas relacionadas con el narcotráfico o la trata de personas ocurridas en el territorio nacional.

La División Nacional de Control de Fraudes, la División Penal y las oficinas de los fiscales federales coordinarán con las fiscalías seleccionadas, caso por caso, los aspectos logísticos y las circunstancias locales particulares. Autorizado por la Ley Pública 119-21, Título X, Subtítulo A, Parte II, Sección 100055 (codificada en 34 U.S.C. § 61101), el programa busca mejorar la recopilación y el análisis de información investigativa, fortalecer la capacidad de investigación y acusación, ampliar la coordinación intergubernamental y aumentar la capacidad de las jurisdicciones para contrarrestar pandillas y otras actividades criminales. También pretende incrementar la disponibilidad de fiscales designados de forma cruzada que puedan actuar junto con las autoridades federales y contribuir a la aplicación efectiva de las leyes penales.